A más liderazgo, más responsabilidad

    Fabiola Morales Castillo
    Directora de Comunicación Corporativa
    Publicado en el diario Expreso el 12 de febrero de 2017

    El Poder Judicial, a pedido del Ministerio Público, ha dictado 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Alejandro Toledo, hasta ahora prófugo de la justicia. Por su parte, el Ministerio del Interior ha instado a la Interpol para su búsqueda internacional y, su vez, ha ofrecido 100,000 soles por su captura.

    Sin embargo, comentaristas de importantes medios radiales han cuestionado la cifra que se ha ofrecido por su captura, llegando a afirmar que es exagerada y, por tanto, la búsqueda de Toledo, como afirma su abogado defensor, está politizada. De ninguna manera podemos aceptar este argumento que, de por sí, desautoriza a los poderes del Estado que, hasta el momento, están actuando impecablemente y basados en indicios puntuales que vienen de investigaciones serias realizadas, incluso, por otros países.

    El expresidente es sospechoso, conforme lo dijo el juez Richard Concepción, de haber recibido la suma de 20 millones de dólares, por parte de la empresa Odebrecht, para otorgarle la buena pro de la Vía Interoceánica Perú-Brasil. Por tanto, como afirmó el mismo juez, “Los cargos contra Alejandro Toledo son graves. Siendo Presidente de la República habría hecho un pacto ilícito con la empresa Odebrecht para vender la carretera Interoceánica.”

    Si estas sospechas se confirmaran, no sólo estaríamos frente a un caso delictivo más, la inconducta no sería de cualquiera; porque los supuestos delitos se habrían cometido en el ejercicio de su función como Presidente de la República, quien como dice la Constitución: “tiene la más alta jerarquía al servicio de la Nación”. Y, a su vez, “es jefe de Estado y personificaba a la Nación”.

    Consideraciones que justificarían, tanto que el expresidente Toledo retorne por su voluntad para responder a la Justicia, como que, si no lo hace, se agoten todos los medios más eficaces para hacerlo volver y ofrezca sus descargos, si los tuviera; y si no fuera así, enfrente la responsabilidad por los supuestos delitos.

    La investidura que tenía Toledo de Presidente de la República, por tanto, no le beneficiaría, sino por el contrario, agravaría su situación, porque si de alguien se espera una conducta proba, intachable y ejemplar, es justamente del mayor líder de la nación; en este caso, del Presidente que fue elegido democráticamente por el pueblo del Perú, por cinco años, para servir a la patria y a los ciudadanos.

    A Toledo se le juzgaría como un ciudadano más, pero no lo ha sido cuando habría cometido los delitos de los que se le acusa; por tanto, las satisfacciones al Poder Judicial serán unas, pero las satisfacciones a la sociedad deben ser otras. Satisfacciones éticas son las que debería dar también, por quebrar la confianza de los ciudadanos en sus líderes, en aquellos en quienes ha depositado su esperanza de un mañana mejor y una patria más grande.

    Todo ello justifica tanto que el expresidente Toledo vuelva ya y dé la cara, como que el Estado –en nombre de la sociedad, profundamente herida, por estos supuestos delitos– haya pedido a la Interpol la alarma roja para encontrarlo y ofrezca 100,000 soles a quien informe de su paradero. A más liderazgo, más responsabilidad.

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