El esfuerzo por mejorar la representación

    Fabiola Morales Castillo
    Cultura Organizacional y Emprendimiento Social
    Publicado en el diario Expreso el 05 de noviembre de 2017

    Desde el Congreso de la República que se eligió para el período 2001-2006, hemos visto esfuerzos para mejorar la representación nacional, con modificaciones concretas a su Reglamento y con nuevas leyes, como la aprobada durante la última sesión plenaria, que prohíbe a los ciudadanos con sentencia firme por delitos de narcotráfico, corrupción, violación, terrorismo y apología del terrorismo, a postular a cargos de elección popular.

    La experiencia de estas primeras décadas del siglo XXI dice que no basta una Comisión de Ética, ni un Código de Ética para que la conducta de los congresistas mejore; menos aún en estos últimos años que han barrido debajo de la alfombra denuncias de hechos muy bien tipificados, como faltas graves, en el Código de Ética. Tiros y troyanos han preferido hacerse eco de la frase “otorongo no come otorongo”, antes de sancionar -como si se hizo antes- al “roba luz”, “come pollo”, “roba agua”, “mano larga”, “alcahuete de asesores”, “lava pies”, “roba sueldos”, etc.

    El proyecto de ley que se aprobó este jueves, no legisla sobre inconductas propiamente, pero tiene la firme voluntad de evitar que, sentenciados por determinados delitos, postulen a cualquier cargo público. Lo cual no le quita importancia, porque de esta manera se cierra la puerta a aquellos que entran a la política para obtener, precisamente, la ansiada inmunidad.

    En lo referente a los delitos de terrorismo y apología del terrorismo, felizmente, nos alejamos de países como Colombia, cuyo máximo líder de las FARC, alias Timochenko, postulará a la presidencia y ha fundado un partido político con las mismas siglas, que se asegurará una representación en el Parlamento de ese país; todo por obra y gracia de un gobernante que no respetó el resultado de un referéndum popular, pero que si ganó un Premio Nobel. Cosas del Orinoco…

    Por el contrario, este proyecto de ley aprobado por el Congreso es un claro mensaje para todos aquellos que sembraron el terror en el Perú, acabando con miles de vidas inocentes, principalmente, entre las poblaciones más alejadas y pobres del país. Pero, sobre todo, para quienes pudieron cambiar su sentencia a cadena perpetua, por reducidas penas y, ahora, vemos libres de polvo y paja, pero sin haber mostrado su arrepentimiento.

    También los narcotraficantes, al menos directamente, no podrán ejercer un cargo público. Aunque es necesario investigar y prohibir su eventual contribución a las agrupaciones políticas o a personajes relacionados con la función pública. Para nadie es un secreto que buscan, por todos los medios, el “blanqueo de dinero” procedente de esta actividad ilícita, tan extendida en nuestro país.

    Saludamos esta ley que aparta de los cargos de representación política a los sentenciados por corruptos y violadores; pero echamos en falta, en esta lista de indeseables, a quienes ejercen la trata de personas y la violencia contra el cónyuge, hasta llegar incluso al asesinato.

     

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